El Mensajero

Miércoles 03 de marzo de 2010

Hermosillo, Sonora

Escrito por Gilberto Armenta

Las quejas de los grupos indígenas en el estado, que desafortunadamente para ellos forman minoría, siguen creciendo a la par que los abusos que sufren en sus propias comunidades.

En la actualidad, un grupo de 21 mayos de ambos sexos, y la mayoría de ellos de la tercera edad, han sido procesados por un Ministerio Publico del Fuero Común en Navojoa, según los señalamientos de Víctor Fausto Silva Duran.

“Los esta acusando (el Ministerio Publico), por creer que una antena de telefonía celular que se construye en su comunidad, podría afectar gravemente su salud, este ministerio publico aplico la ley de manera sorprendente, y consigno a veintiún personas, con una rapidez que ellos (los trikis), nunca han visto cuando son ellos los afectados” aseguro.

Por otro lado, Cirilo Bautista Martínez, representante de la comunidad Triki ubicada en el Poblado Miguel Alemán; Municipio de Hermosillo, señalo que los chóferes de taxis y de camiones urbanos que les dan el servicio cuando salen de sus labores agrícolas, ofrecen el servicio solo a cambios de favores sexuales, llegando al grado de violar a mujeres de todas edades, incluyendo menores de edad.

“Nadie nos escucha, nosotros demandamos los abusos pero la policía no hace nada, incluso están involucrados hombres de nuestra propia comunidad, que abusan de las mujeres trikis que han conocido de toda la vida” señalo.

Aseguro también que en los campos agrícolas del mismo Poblado Miguel Alemán, los niños y las niñas son obligados a trabajar hasta 12 horas, cortando tomate, chile y otras hortalizas y verduras.

Así es como las comunidades indígenas en Sonora viven su propio calvario ante las autoridades indiferentes, que escuchan sus quejas con burlas, minimizando el impacto, y considerándolos siempre como grupos minoritarios que no importan para la ciudadanía en general.

La manera en la que estos grupos reclaman justicia para ellos mismos como parte de Sonora, siempre ha sido pacifica, guiados por un líder que muchas veces nada tiene que ver con ellos, o por un miembro de la misma comunidad, que lleva toda su vida sufriendo la discriminación en carne propia.

Esta demanda de justica será permanente, porque lo ha sido desde hace muchos años, sin importar el partido o el gobernante en el poder. La práctica común en México es que la justicia y su correcta impartición es solo para las clases sociales con poder económico, para manipular la Constitución a su favor.

Yaquis, mayos, trikis, invasores, jornaleros, empleados de segundo y tercer nivel, vendedores ambulantes, desempleados y demás ciudadanos de esferas sociales bajas, siguen esperando por lo que les pertenece por derecho constitucional: una justicia que no los discrimine.