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Gilberto Mensajero Armenta

El gobernante está expuesto al negocio de la pseudo prensa, mezcla de extorsión, conventillo y escándalo. Es un mundo perverso. Logran su fin cuando dañan prestigios o generan desconfianzas o enconos hacia adentro, fracturando lealtades y debilitando la amistad. Cuanto más ruido consigan, más basura podrán vender. Fernando de la Rúa

Las virtudes del acceso a la información nos permiten conocer, de primera mano, la forma en la que los tres niveles de gobierno se gastan el dinero público. Gracias a esto, se han podido establecer malversaciones y desvíos de recursos, además de prácticas de gobierno fuera de marco jurídico. En estos casos, cuando se exhibe la corrupción y a quienes la practican, lo que sigue es la denuncia ante las instancias correspondientes, y cuando es un ejercicio de investigación periodística, el siguiente paso es la denuncia pública, mediante la publicación de esa investigación, en cuanto medio de comunicación sea posible, incluyendo las redes sociales.

Pero también existe la posibilidad de ejercer el derecho a la información, mediante estas mismas prácticas de transparencia, para dañar la reputación de quienes no han cometido actos de corrupción, para deformar con dolo la información que se recibe, para mentir flagrantemente con datos falseados o tergiversados, y lo más lamentable, para saldar rencillas contra las partes involucradas.

En ese sentido, la exhibición de listas de medios de comunicación y periodistas, que firman convenios de publicidad con los gobiernos en turno, y los montos que reciben por estos contratos, no es para nada nuevo, ni espectacular. Esto ha sucedido en todas las administraciones estatales y municipales anteriores, por lo que no sorprende en absoluto que, en el actual gobierno estatal, encabezado por Morena como partido político, ese ejercicio de información, el de publicar listas con datos alfanuméricos personales, ya se haya dado, y menos sorprenderá que de hoy, al final del sexenio, nuevas listas se sigan publicando.

Y aquí la reflexión, ¿qué ganan los medios de comunicación y periodistas con hacer públicas estas listas, que afectan al mismo gremio al que estos pertenecen? Pues, no ganan nada, tal vez solo hacer evidente la molestia por no estar incluidos en esos convenios o, en el mejor de los casos, no haber facturado nunca por publicidad a los gobiernos anteriores, y demostrar a causa de esto una entendible molestia por esta práctica que, con justa razón, podrán considerar como deleznable.

Además, es importante entender que estos convenios por publicidad no están, en ningún sentido, fuera del marco de la legalidad, puesto que los presupuestos para comunicación, en este caso, de los tres niveles de gobierno, están aprobado por los diputados locales, para ser destinado a ese propósito: la difusión de campañas de gobierno diversas, a través de medios de comunicación locales. Y, por si fuera poco, la difusión de estas campañas, particularmente las de seguridad, salud, educación y protección civil, son obligatorias por ley.

A esto hay que agregar que las nuevas reglas de operación - por asuntos de transparencia y combate a la corrupción-, obligan a los medios de comunicación y periodistas a cierta regulación, que no todos cumplen, como para pretender firmar un contrato de la naturaleza arriba descrita. Ya no es suficiente con presumir un blog, una FanPage o un Instagram, o una cuenta en Twitter o TikTok, y con eso escudarse detrás del derecho a la libertad de expresión, para luego quererse “ofertar”, o “vender” como un medio de comunicación, con derecho a cobrar determinada cantidad de dinero por las publicaciones que hacen en redes sociales. Menos aún, exigir dinero dentro de un sobre manila, sin su respectiva facturación, incumpliendo la reglamentación que el SAT impone a los medios de comunicación que cabalmente cumplen como contribuyentes.

Pero mire, hay algo peor que todo lo anterior, y es que en esas practicas desleales e ilegales de ciertos pseudo periodistas, lo que más preocupa es la violencia verbal y física con la que intentan imponer sus extorsiones, para al no poder ejercerlas, pasar a las amenazas altisonantes, al maltrato violento de inmuebles, y en el extremo más peligroso, agredir físicamente a funcionarios que se niegan a formar parte de la extorsión o fraude propuesto.

Por último, pero no menos importante, quienes se digan verdaderos periodistas, y quienes ostenten un medio de comunicación con todas las de la ley, quienes en realidad se consideren una referencia informativa, y quienes muestren respeto a la audiencia que los sigue, no deben promover, de ninguna manera, los documentos ni los datos, ni la opinión de estos  pseudo periodistas, que frustrados por no ejecutar sus extorsiones económicas, dedican su tiempo a despotricar en contra de quienes si se conducen como comunicadores con profesionalismo, y que es justamente eso lo que les vale para firmar contratos o convenios por publicidad con dependencias de gobierno, con la iniciativas privada, con agrupaciones civiles, y hasta con particulares. Es importante subrayar también que estos influencers de poca monta, y no periodistas, ni siquiera opinólogos o comentócratas, no merecen ser considerados como fuentes de información, o “entrevistables” por los datos que, con mala intención, y propósito no periodístico, manejan conforme les va en la feria.

Así pues, deberá ser importante que antes de darle juego a estos sicarios de la pluma, nos preguntemos todos si con eso, nos estamos convirtiendo en cómplices de un acto ilegal. Como en la política, en el periodismo también la forma es fondo.

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