El Mensajero

Sábado 04 de marzo de 2023

Hermosillo, Sonora

EN OCTUBRE DE 1963 el entonces rector de la UNAM, el cardiólogo Ignacio Chávez, apoyó la anulación de cédula profesional y título respectivo en el caso de una tesis plagiada en un caso similar a Yasmín Esquivel, aunque claro, el entonces falsario no contaba con el apoyo presidencial de la magistrada de la SCJN.

Pero es un antecedente legal, por cualquier lado que se le vea, de allí también que se fortalezca la petición contra Esquivel de más de 170 investigadores de prestigio por la calidad de su producción académica, de instituciones de educación superior de México y el extranjero entre los que destacan Roger Bartra, Jean Mayer, John Womack, José Woldenberg, Julia Carabias, Rodolfo Vázquez, Antonio Lazacano, Blanca Heredia, entre otros. https://bit.ly/3ILgNlM

Aunado a lo anterior, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) de la Corte, remitió 626 denuncias presentadas contra la ministra a la Presidencia del Máximo Tribunal, misma que determinó darle cauce vía el magistrado

Juan Luis González Alcántara Carrancá para que sea él quien haga una propuesta al Pleno sobre qué hacer con esos centenares de demandas.

En consecuencia, los denunciantes han solicitado al Máximo Tribunal, determinar si se debe destituir a Esquivel Mossa por no cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución para ser ministra, además del daño sufrido en la imagen de la corte. https://bit.ly/3KMXknq

En el mismo contexto de importancia entra la invalidación del Plan B sobre las reformas electorales que la SCJN deberá establecer antes del inicio de junio, toda vez que cualquier modificación electoral deberá establecerse 90 días posteriores al inicio del período electoral que empieza en septiembre y de no ser así se darán por válidas.

La decisión de la votación deberá ser tomada por ocho de los once magistrados conforme al 105 constitucional y aquí es donde la puerca torció el rabo toda vez que existe como antecedente una reciente discusión de la reforma que reestructura el Instituto Electoral de la Ciudad de México en la que no se logró la mayoría calificada en el pleno de la SCJN para invalidarla. Los votos de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Arturo Zaldívar y Margarita Ríos-Farjat fueron determinantes.

En el caso del Plan B, los puntos a invalidar son muchos:

Ejemplos:

1.- La reforma electoral no considera propaganda a la promoción no etiquetada presupuestalmente que pega contra la “libertad de expresión” de los funcionarios públicos. El INE sostiene que “se ataca la equidad en los comicios”.

2.- El INE sostiene que el Servicio Profesional Electoral repartida, entre el INE y los Organismos Públicos Electorales (Estados), quedaría en riesgo, pues se destituiría al 86% de las plazas, Morena alega que se busca eliminar duplicidad de funciones y burocracia innecesaria y que sólo se afectaría el 8.56%.

3.- La nueva iniciativa no modifica las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores; aunque sí plantea cambios a los procesos de organización electoral y cambiar las fechas de inicio del proceso federal por lo que, de entrar en vigor para 2024, la elección comenzaría la tercera semana de noviembre de 2023.

4.- También se propone modificar el proceso de cómputo de votos, mismo que iniciaría desde las 18:00 horas del día de la elección, lo que hará innecesario un Programa de Resultados Electorales Preliminares. (PREP). La conclusión de cómputos de las elecciones se establece a más tardar el viernes siguiente a las elecciones. Hoy esos cómputos inician el miércoles siguiente a los comicios y terminan el jueves.

5.- Un punto clave de la reforma es modificar las instancias de dirección del INE. Con la propuesta presentada el 6 de diciembre se eliminará la Junta General Ejecutiva desde donde se dictan directrices de ejercicio de presupuesto y criterios de organización elector

6.- Se plantea crear una Comisión de Administración con cinco consejeros y la remoción del actual secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina –que fue reelecto en 2020 hasta 2026–, ya que se ordena la designación de un encargado de despacho para el periodo 2023-2029.

7.- Deberá extinguirse el Fideicomiso de pasivo laboral y el de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto. El primero será empleado para cubrir posibles indemnizaciones y liquidar a una parte del Servicio Profesional Electoral Nacional lo que pega directamente con la renta inmobiliaria de los institutos sobre todo en los estados.

8.- Se propone que en vez de 300 consejos distritales sólo funcionen 260 de forma permanente y 40 se agreguen en elecciones. Todos los cambios en la estructura del INE deberán hacerse con cargo al presupuesto ya aprobado y no habrá recursos adicionales.

9.- La reforma establece que todo funcionario público del INE deberá sujetar su salario a la percepción del presidente y, por tanto, se deberán revisar los tabuladores salariales del personal a más tardar seis meses después de entrada en vigor la reforma. A más tardar el 1 de mayo deberán emitirse los lineamientos para el redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica del INE.

10.- La iniciativa incluye reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, además de que abroga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Faltan un buen cúmulo más y cada uno deberá ser analizado por la SCJN y dictaminar si son violatorias o no a la Constitución, a su vez cada paquete, insisto, deberá ser votado por ocho de los once ministros. ¿Se entiende ahora el trabajo difícil que se avecina a la Suprema Corte?... y todo contra reloj

Uf. Fácil, no está. No estaría tan confiado como se ha alardeado tanto en medios de comunicación y falta el Plan C, pero ese es tema para otra columna. https://bit.ly/3mjp7Sn

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorado en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…                                                                                                                                                                                                                                  

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